Las senadoras Elizabeth Warren y Andy Kim exigen un examen exhaustivo de la participación de 500 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos en WLFI. Han dirigido una carta contundente a Scott Bessent, secretario del Tesoro. Su objetivo: el acuerdo firmado pocos días antes de la investidura de Trump en enero de 2025.
G42, empresa apoyada por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, ha tomado control del 49 % de World Liberty Financial. Esta cantidad colosal levanta banderas rojas en Capitol Hill.
El Wall Street Journal sacó el asunto a la luz el mes pasado. El acuerdo contemplaba un pago inicial de 250 millones de dólares. La transacción pasó por Aryam Investment 1 y lleva la firma de Eric Trump.
De esa suma, 187 millones debían ir directamente a entidades vinculadas con la familia Trump. Al menos 31 millones estaban destinados a las empresas de Steve Witkoff, enviado especial de Trump en Medio Oriente.
El presidente negó conocer esta inversión. “Mis hijos se encargan, mi familia se encarga… Ya tengo suficiente con Irán, Rusia y Ucrania”, declaró. Sin embargo, esta defensa no convence a nadie en el Congreso. Los demócratas ven en esta transacción un conflicto de intereses grave que podría comprometer la política exterior estadounidense.
Warren y Kim quieren que el CFIUS examine el expediente. Este comité interministerial revisa inversiones extranjeras que puedan amenazar la seguridad nacional. Y las razones para preocuparse no faltan.
G42 ha sido acusada por los servicios de inteligencia estadounidenses de haber suministrado tecnologías al ejército chino. La empresa habría desarrollado una aplicación de vigilancia disfrazada de mensajería.
Los vínculos de G42 con Huawei y el Instituto de Genómica de Pekín alimentan las preocupaciones. Ciertamente, la empresa afirma haberse desvinculado de las compañías chinas desde principios de 2024.
No obstante, el daño está hecho. Las senadoras señalan que WLFI recopila información personal de sus usuarios. ¿Podrían los Emiratos Árabes Unidos o China acceder a estos datos?
El caso adquiere una dimensión aún más inquietante con el expediente de los chips de IA. El representante Ro Khanna lanzó su propia investigación, cuestionando la influencia de esta inversión en el acuerdo que concede a los EAU acceso a 500,000 chips de IA avanzados por año.
Esta investigación resuena con las críticas más amplias contra la SEC bajo Paul Atkins, acusada de cerrar los ojos ante escándalos cripto relacionados con el entorno de Trump.
Bessent fue interrogado de manera agresiva en una audiencia ante la comisión de servicios financieros. Se le pidió suspender una solicitud de licencia bancaria relacionada con WLFI. Los demócratas dieron al secretario del Tesoro hasta marzo para responder. El tiempo corre.
Este caso ilustra las zonas grises de la mezcla entre negocios familiares y función presidencial. Las investigaciones se multiplican. La presión aumenta sobre la administración Trump. El expediente WLFI podría convertirse en el símbolo de una gobernanza cuestionada donde intereses privados y responsabilidades públicas se entrelazan peligrosamente.
